lunes, 19 de noviembre de 2012

LA PROFUNDIZACIÓN ESTÁ EN LA JUVENTUD SINDICAL



En la realidad actual de la Argentina, gran parte de la juventud ha comprendido que participar en política es una necesidad. Perón sintetizaba esa comprensión diciendo que “nadie se realiza en una comunidad que no se realiza”.
Hay quienes lo asumen seducidos por la mística de la militancia que recorre estos tiempos; quienes apelan a políticas de solidaridad entre los sectores excluidos y las organizaciones que los representan; quienes se dedican a hacer buena letra en las agrupaciones alimentadas por el Estado; quienes lo hacen desde su sector laboral organizados sindicalmente y ampliando las fronteras de la discusión laboral hacia la política; quienes lo llevan a cabo desde el ámbito universitario, desde las formulaciones programáticas, o desde un partido político.

Todas estas cosas son legítimas, pero queda pendiente una reflexión en torno a cuales son los ejes y los instrumentos de una transformación integral que de respuestas a las expectativas de cambio sentidas.

           Liberación o dependencia

La Argentina aún carece de Justicia Social, de Independencia Económica y de Soberanía Política que son, sin lugar a dudas, los ejes realizadores de la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación. Nuestro país tiene aún el diagnóstico de un país ocupado por las corporaciones multinacionales, donde es necesario construir la fuerza y la capacidad necesaria para terminar con la estructura de dependencia y con los crímenes neoliberales que desde el Estado y el poder hegemónico se continúan perpetrando.

Es fundamental el conocimiento profundo de nuestros problemas así como de nuestras soluciones (el deber de un militante no es reclamar por un país mejor, sino saber hacerlo). Y en esto dos líneas son fundamentales para cualquier clase de organización o movimiento que se pretenda liberador. Ese nuestro deber patriótico: plantear libremente una política anticolonial comprometida, y a su vez no caer en el sectarismo de “quienes llevan la posta” desoída y solitariamente. En él ya han caído muchas experiencias políticas plantadas de tal forma que han terminado esterilizando la riqueza de sus aportes programáticos. Partidos políticos que se expresan a sí mismos, con un vasto desarrollo de proyectos y propuestas pero aislados de la realidad política popular y, con alguna suerte electoral, volcados exclusivamente al parlamentarismo.  

Y en su contracara, cabe mencionar que muchas de las agrupaciones y organizaciones más difundidas y alimentadas, en su obsecuencia sin límites no contribuyen en avanzar con el más modesto de los desafíos que la Argentina debe afrontar.

Mientras no seamos una Nación libre la justicia seguirá siendo un chiste negro de mal gusto. Ante lo devastador de nuestro saqueo y la “débil” ‘redistribución’ del ingreso – que debido al alto crecimiento económico de la última década alcanzó para incorporar a varios trabajadores al esquema productivo, aunque por su dinámica favoreció enormemente más a las corporaciones financieras, exportadoras y petroleras que al pueblo- la juventud debe ponerse al servicio del Pueblo y saltar el cerco del coloniaje. Debe hacerlo bregando por un proyecto de nación muy distinto, no la nación ‘posible’ dentro del capitalismo dependiente como la actual, esta nación “peor es nada”, sino la NACIÓN JUSTA LIBRE Y SOBERANA.

          La consecuencia social

No alcanza sólo con apelar al desarrollo de políticas de solidaridad entre los sectores excluidos y las organizaciones que los representan, generadas durante las crisis neoliberales que sacudieron nuestro país.

El desocupado, el desposeído, que no tiene casa, ni estudios ni salud ni trabajo es el destinatario natural del Peronismo. Porque allí donde la marginalidad y la pobreza imperan, se encuentra el fundamento más doloroso y brutal de la lucha por la Justicia Social.

Y pese a la dignidad con la que se han podido organizar estos sectores, a través de movimientos y organizaciones sociales, la solución real y definitiva pasa por otro lado. La organización de la emergencia debe tender a formas superadoras que se logren a través de la solución de los problemas de fondo.
Por eso la mayoría de estas organizaciones se han volcado a la militancia política, además de actuar para enmendar la calidad de vida de sus integrantes a partir de iniciativas como la formación de cooperativas, de escuelas populares, la colocación y distribución de planes sociales,  etc.

No obstante queramos o no, un movimiento social es una organización sujeta a los múltiples avatares políticos de su dependencia frente a la administración gubernamental del Estado. Hemos visto a lo largo de los últimos años tanto el furor como el ocaso de muchas organizaciones sociales que, en la mayoría de los casos, no lograron resolver la apremiante circunstancia por la cual se constituyeron.
Descartando el absurdo de que son estos sectores, los más humildes y débiles, quienes deben solucionar por sí mismos la crudeza de sus problemas estructurales y cotidianos, reconocemos también que aquellos que han sido expulsados por el sistema y pelean por ser reincorporados al mismo (además de la necesidad de cambiarlo) tienen limitaciones en su accionar.

Es saludable y auspicioso el ingreso a la política –entendida como arena de disputa de los rumbos del país- por parte de los movimientos sociales. Cualquier organización puede generar una corriente de opinión política y un sistema de ideas en relación a temas más amplios que los de su quehacer concreto y práctico. Inclusive desplegar fuerza, movilización y presencia política para respaldar el reclamo de sus necesidades así como su visión de las cosas respectivas a las soluciones de fondo.  

Todo militante sensible a la causa de su Patria y de su Pueblo puede acompañar por coincidencia en las convicciones ideológicas y políticas, o por indiscutible solidaridad, a estas organizaciones que generalmente se estructuran con criterios barriales respondiendo a esas realidades.
Estos movimientos son un instrumento social para expresar política. Pero en los hechos, y dado su acotado margen de inserción en las estructuras de decisión y poder, esencialmente son un instrumento para organizar la emergencia, las consignas y las reivindicaciones producto de situaciones particulares que muchas veces son el fruto de un determinado período transitorio de la historia.

         Volver a la columna vertebral

La pobreza en dichos términos, la inaccesibilidad al trabajo, a los servicios básicos o a la vivienda digna son el reflejo de una época lamentable que aún no logramos subsanar completamente. Ni la política ni ningún actor social o productivo deben abstenerse de encarar dichos problemas que constituyen un obstáculo para la sociedad entera.
Y en la medida que la Argentina encuentre soluciones a la estructura de su dependencia y a la exclusión a la que somete a una parte no poco importante de su pueblo, estos sectores hoy marginados serán reincorporados al sistema productivo, al trabajo y a la dignidad.

Es por eso que los ineludibles y legítimos custodios de los intereses del pueblo son los trabajadores y sus estructuras sindicales. Y podrán realizar la tarea aquellos dirigentes que se precien de interpretar y de llevar adelante la lucha por las conquistas económicas y sociales de los trabajadores que representan. Ello sin menoscabo de los frentes políticos y sociales que deben formular para alcanzar sus objetivos. Como diría Perón, los trabajadores son la columna vertebral del Movimiento Nacional y del Peronismo. Y esto no es un arrebato nostálgico, es una afirmación de la Doctrina Justicialista, formulada hace más de 60 años pero aún vigente en sus aspectos fundamentales:
El instrumento principal de la liberación nacional sigue y seguirá siendo el movimiento obrero organizado, porque éste es el único capaz de defender con carácter permanente al motor de las sociedades que es el trabajo, y debe ser capaz de hacerlo más allá de las vicisitudes políticas de las administraciones semi-coloniales de turno.
Y al respecto de esto último, es necesario hacer un reparo para no caer en negaciones totales o en simplismos reduccionistas que limiten la mirada sobre la complejidad de la obra emancipatoria. No todos los gobiernos son iguales, aún cuando ninguno de ellos provenga de la entraña del movimiento obrero.

En relación a eso, la discusión de los protagonismos es un tema aparte. En todo caso un gobierno de los trabajadores es aquel en donde, más allá de nombres o procedencias,  el interés del trabajo está expresado en los espacios de poder fundamentales y este propósito es el que conduce en el marco de las grandes causas nacionales.

Hay quienes dicen que en la actualidad la proporción de obreros fabriles sobre el total de la población es cada vez menor; que su participación en el aporte al producto bruto de una sociedad es cada vez más relativa y menos directa, debido a la intrincada estructura económica a la que asistimos; que la presencia de una nutrida clase media con sus profesionales generan prescindencia respecto de las organizaciones sindicales; que la creciente incorporación de tecnología a la producción significa inexorablemente mayor productividad con menos trabajo y menos trabajadores; etc…
Pero pese a las mutaciones en la conformación de las sociedades y en sus modos de producción, las disyuntivas siguen siendo las mismas y el eje estructurador para todas las actividades, oficios y profesiones sigue siendo el trabajo: qué trabajo, quien lo ejerce, quien lo brinda, quien lo regula y en función de qué objetivos generales. Ordenar esos parámetros orientados por el interés de los trabajadores es la tarea de un gobierno popular.

         La inclusión y la Justicia Social

El proceso de inclusión social llevado adelante por este gobierno, fundamentalmente a través de la asignación universal por hijo, es una política acertada que debe ser acompañada por todo el espectro social y económico. No obstante, los compromisos asumidos por el Estado para llevar adelante estas políticas sociales no deben ser financiados con impuestos o restricciones cada vez mayores sobre los salarios o derechos de los trabajadores formales.
No son los trabajadores quienes deben pagar la inclusión social de los trabajadores desocupados.
Muy por el contrario, la responsabilidad de los gobiernos es componer una política económica generadora de empleo. Es decir que el hoy desempleado recupere la verdadera dignidad, que es la otorgada por el trabajo en buenas condiciones,  con obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo y demás derechos laborales conquistados a través de la historia. Pero entretanto haya que salvar la urgencia, las políticas de estimulación al consumo deben ser financiadas por una política tributaria progresiva, con una creciente carga sobre los grandes grupos económicos trasnacionales en su mayoría, así como también los locales. Porque son aquellos quienes más saquean nuestros recursos, quienes conservan el privilegio de contribuir con sólo el 50% de los aportes patronales, quienes evaden al fisco y quienes son los verdaderos responsables de la innegable inflación en curso por no invertir en capacidad instalada o remarcar precios prematuramente a fin de obtener exuberantes ganancias.
Por no actualizar los topes salariales de las asignaciones familiares ni tampoco subir el mínimo no imponible, el Estado recauda vía la inflación a expensas del esfuerzo de los trabajadores mucho más que a costa de los beneficios empresariales.
Eso no es redistribución del ingreso en función de la justicia social; eso es dejar hacer por arriba y repartir los restos por abajo.
Con el gran crecimiento económico que ha vivido la Argentina, crecimiento que no ha sido desarrollo, nos hemos distanciado mucho de la crisis nacional que generó el paradigma neoliberal. Es hora entonces de dejar de hacer un ejercicio permanente de contraste entre el presente y un pasado claramente nefasto, hora de dejar de compararse para abajo. La conciencia popular tiene memoria de los niveles de justicia, independencia y soberanía que supimos conseguir. Esa conciencia es la brújula de nuestro país.

       La perspectiva

Para asegurar la durabilidad y la profundización de las conquistas del movimiento obrero, lo distintivo debe ser precisamente el hincapié  en la construcción de un Proyecto Nacional. Quien no comprenda la cuestión nacional como cuenco de las necesidades populares, probablemente redundará sus aspiraciones en una mera vaguedad inconducente o en conflictos sectoriales viciados de estancamiento social y político.

Nuestro deber es aportar activamente al proceso en curso, en lugar de esperar o justificar. Un Proyecto Nacional como el que queremos cimentar y un gobierno de los trabajadores como el que queremos construir, requiere abrigar al gobierno actual con la fuerza de las demandas de la clase trabajadora, para proteger y completar nuestros derechos así como para profundizar, con eje en el pueblo, el camino iniciado. Es necesario reforzar los aciertos de gestión pero sin obnubilarse. Más allá de los avances, la estructura de la dependencia colonial no ha sido derrotada. Falta construir la Patria Justa Libre y Soberana.


Hernán Novara. novaa.h@hotmail.com 25/09/2012